domingo, 23 de octubre de 2016

Contra reforma laboral

Para anticipar la contra-celebración del Centenario de la Constitución de 1917, se está cocinando “la Gran Reforma de Justicia Laboral”, como antes fue la educativa y la de la misma materia para legalizar los contratos de tercerización o de outsourcing, como también se conocen. Ya no será un Congreso Constituyente como el de Querétaro, que crea el artículo 123 para lograr justicia en las relaciones de trabajo, ahora es el cumplimiento de una obligación del Acuerdo de Comercio Transpacífico que firmó el gobierno mexicano en Nueva Zelanda el pasado 4 de febrero. Se trata de borrar el sentido jurídico más elemental que manda que en el justo derecho “no se puede tratar igual a los desiguales”.

La conformación de los órganos de impartición de justicia en materia laboral a través de juntas tripartitas en las que trabajadores, patrones y gobierno interactuaban para satisfacer los mínimos de equidad en la relación, fue una formula innovadora, moderna, eficaz que por muchas décadas dio resultados. Con la adopción de la política económica neoliberal se idearon subterfugios por parte del patrón para burlar la ley a través del outsourcing o cooptando sindicatos venales en colusión con el partido del gobierno para conseguir el voto y el apoyo político. Los pseudo patrones se sumaron dócilmente a jugar el papel de “patiños” de los sexenios que transcurrían.

A pesar de que en la mayoría de los casos, las juntas tripartitas funcionaban (había crecimiento, empleo, incremento de salarios y prestaciones, etc.), llego el momento en que los tecnócratas se espantaron cuando los sindicatos “charros” se quejaban por las demandas de sus agremiados y de los patrones por el comercio de sus derechos con los lideres enriquecidos. El gobierno tenía el manejo del presupuesto público y bastaba con cerrarles la llave a las juntas, asfixiarlas con recursos mínimos y, al final saturarlas de asuntos en litigio al grado de hacer nugatoria la impartición de justicia.

Las grandes centrales oficiales de trabajadores, con líderes eternizados y enriquecidos llegaron a garantizarse el derecho a determinar los presupuestos de las juntas según su interés, a través de las bancadas que en la Cámara de Senadores y de Diputados tienen aseguradas. El trabajador entonces quedaba sometido al secretario de su sindicato más que al patrón porque, a través de la clausula de “exclusión” al ser separado del sindicato, automáticamente perdía su salario, así fuera el mejor trabajador y su relación con el patrón se desenvolviera normalmente. En la práctica, llegó el momento que el enemigo era el sindicato y un patrón que prefería su contrato colectivo “a modo”, a pesar de que en el fondo le sería más fácil y productivo un sindicato democrático y un contrato de reciprocas ventajas.

Así, lo que es obvio es que no es el modelo de las juntas de conciliación y arbitraje lo que está mal. El problema, la falla, el origen, está en la operación del organismo que, como tantas otras áreas de la administración pública, ha sido arrasado por la corrupción de las altas esferas políticas que la trasmiten al resto de las actividades públicas como es la de la justicia laboral. Es un error de fatales consecuencias, extinguir un sistema adecuado, eficaz que dio resultado por décadas, por una supuesta purificación que se tendría cuando la materia laboral pase al poder judicial.

En el poder judicial hay también la contaminación de intereses políticos. Ha habido ministros de la Corte que pertenecen a las mafias de las centrales obreras oficiales y no son pocas las resoluciones del pleno que han agraviado los mas elementales derechos ciudadanos. En las juntas como en los juzgados del poder judicial, hay de todo. Torvos y voraces juzgadores, como ejemplares jueces y magistrados que se resisten a vender su dignidad y, contra viento y marea sostienen principios éticos. ¿Qué caso tiene entonces trasladar de uno a otro tribunal la justicia laboral?

La solución de fondo no está ahí. Esta en erradicar la ancestral práctica política de hacer cómplices a los líderes sindicales y enseñarles a robar a sus trabajadores; así como también hacerse socios con dirigentes empresariales para hacer negocios con el estado. Todo a partir del concepto prostituido del poder público que ha trastocado todo el sistema de administración incluyendo legislativo y judicial. Es esta la verdadera causa de nuestro atraso y si, el diagnostico está mal, peor va a estar la solución que, de aprobarse en la Cámara de Diputados, cambiará la prioridad social en la línea de un gobierno que sin el menor recato rompe su vinculación constitucional.

Ya se experimento con la justicia penal. Ríos de dinero nacional y de los Estados Unidos se ha gastado para cambiar el sistema. La moda se impuso y en ocho años la falsa ilusión pone en evidencia al fracaso. Había sí, que mejorar los ordenamientos no dinamitarlos. El derecho penal nacional ya era garantista, acusatorio y oral. En vez de importar una dudosa novedad, hubiera bastado con poner los medios para la inmediatez, la grabación y filmación, compatible con la necesidad de acelerar los juicios. Todo estaba previsto por el constituyente del 17, la ignorancia del Ejecutivo y el Legislativo no se dio cuenta que solo requería presupuesto e iniciativa en el uso de instrumentos más efectivos para cumplir la necesidad de que el juez tuviera de primera mano, la instrucción del proceso.

La estafa legislativa llega al extremo de hacernos creer que con esta reforma se obligará a los sindicatos a rendir cuentas a sus afiliados y a elegir por voto secreto a sus dirigentes. ¡Por favor!, ello no requería reforma constitucional alguna sino apego a la misma esencia democrática de la carta fundamental que ordena al gobierno a exigirlo a cualquier asociación de carácter público.

Gana Dinero en Pijamas




Enlace México

No hay comentarios:

Publicar un comentario