viernes, 30 de septiembre de 2016

Las presiones de la elite, el mayor peligro

Mientras la cúpula del sector privado insista en acrecentar sus privilegios a costa de más pobreza y descomposición del tejido social del país, los problemas que sufren las clases mayoritarias irán en aumento. En un foro realizado el lunes pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que “todavía hay tela de donde cortar en subsidios”, y destacó que el recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo, “debe ser mayor a los 239 mil millones de pesos planteados por el gobierno federal”.

Es obvio que el máximo organismo empresarial del país presiona de ese modo porque sabe que el Ejecutivo es un rehén a quien pueden presionar sin tapujos. Aun cuando el mismo CCE reconoce el riesgo que significaría para México un mayor debilitamiento del mercado interno, no quita el dedo de la gran herida que representa para los mexicanos caer cada vez más en el hoyo de la pobreza extrema.

En una declaración oficial, el CCE señaló que aún pueden recortarse recursos por más de un billón de pesos, “porque hay innumerables áreas de gastos superfluos”. La cuestión de fondo es que los únicos afectados por los recortes son los trabajadores, los asalariados, las clases medias cada vez más deprimidas, todo lo cual afecta directamente la capacidad de consumo de amplias capas de población, no a los altos mandos de los poderes públicos. Para ellos no hay austeridad.

Es válido preguntar por qué la élite del empresariado tiene tanto interés en que el Ejecutivo no utilice el gasto público en áreas estratégicas, como son la educación y la salud. La respuesta es simple y a la vez compleja: porque en la medida que el gobierno incumple sus principales responsabilidades deja el terreno libre al sector privado, como lo demuestran los hechos en los últimos treinta años.

El desmantelamiento de las empresas del Estado ha sido prácticamente total, pero aun así la cúpula empresarial quiere el pastel completo. El régimen neoliberal está de acuerdo, siempre y cuando a los altos funcionarios les toque también una buena tajada, como así ha quedado demostrado al paso de los años. Ha sido un proceso lento pero que se ha cumplido de acuerdo con los programas establecidos conjuntamente con organismos trasnacionales. Lo que hacen los titulares de las dependencias del Ejecutivo es negociar condiciones que los favorezcan, a ellos por supuesto, no al país.

En su participación en dicho foro, organizado por la revista Forbes México, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que “ya no hay margen para realizar un ajuste mayor al gasto”. Dijo que “este presupuesto es el que preserva nuestra capacidad para seguir creciendo”. Le llama crecimiento a tasas menores de 2 por ciento, cuando la inflación es superior a ese porcentaje, situación que ha sido inamovible desde 1983, cuando se dio la vuelta a la política económica del régimen de la Revolución Mexicana.

La élite oligárquica se ha beneficiado de manera sin precedentes en América Latina, proceso que es inviable que siga funcionando por tiempo indefinido. Pero los riesgos de lo que puede ocurrir, como ya los estamos viviendo, les importan un comino tanto a los principales magnates como a los miembros de la élite política, tan reaccionarios y perversos los unos como los otros.

Han sido demasiados los abusos y las burlas a las clases mayoritarias por parte de unos y otros. Se han rebasado todos los límites razonables, como lo demuestra el descontento colectivo ante los sucesos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, el cual en vez de disminuir ha estado aumentando en el país y en el extranjero, como se demostró el pasado lunes en los actos por el segundo aniversario de ese nefasto crimen de Estado. De ahí que pensar en más recortes al gasto, en un escenario de justificado enojo ciudadano, tendría consecuencias de las que los primeros en asustarse serían los miembros de la élite empresarial.

Deben suponer que las fuerzas armadas van a reaccionar en su defensa, pero tal apuesta no es nada segura, como no lo fue para el régimen apostar por el olvido y el desgaste de las familias de las víctimas de la villanía cometida contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Así como sería un gravísimo error seguirle apretando el cinturón al pueblo, como lo ha venido haciendo el régimen ultra derechista desde hace tres décadas, también lo es pretender mantenerse en el poder con base en la fuerza bruta del Estado.

El ciudadano común, incluso los marginados sin esperanza de salir de su postración, está convencido de que el gobierno está al servicio de una minoría voraz. Igualmente, que no hay justificación alguna para sobrevivir con tantas penurias, cuando mira los derroches y lujos de los pocos que disfrutan de privilegios indebidos, como el actual dirigente nacional del PRI, quien recibió un millón y medio de pesos como indemnización al dejar su puesto de director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras a los jubilados se les pagan pensiones de hambre.

De ahí que el titular de Hacienda se alarmara ante la actitud asumida por el CCE, de exigir más recortes al gasto. Como a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social tuvo oportunidad de asomarse un poco a la verdadera realidad del país, José Antonio Meade sabe que las cosas están al borde de una violencia incontrolable. Sabe que al caer en ese hoyo ya no sería fácil salir, ni con el uso indiscriminado de la fuerza bruta del Estado. Lo que urge que hagan, tanto Enrique Peña Nieto como el titular de Hacienda, es enfrentar las presiones de los pocos miembros de la élite oligárquica. Pero eso es lo último que harían.

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