domingo, 4 de septiembre de 2016

El “Impeachment” mexicano

Desde siempre, se ha hecho creer a los mexicanos que en nuestra Constitución no existe el juicio político, el “impeachment” contra el Presidente de la República, solo porque el artículo 108 del ordenamiento máximo dice que “al presidente solo podrá juzgársele por traición a la patria y por graves delitos del orden común”. De aquí desprenden los diputados y senadores de todos los partidos, y de todas las legislaturas, que el ejecutivo es intocable.

Se sostiene que éste goza del privilegio de la impunidad durante todo el periodo de su mandato y que acusarlo por “traición a la patria”, como debió haber ocurrido cuando Peña Nieto instruyó a las Cámaras para que derogaran la exclusividad de la nación sobre sus yacimientos petroleros, ésta quedó relegada porque la denuncia la tenía que integrar la Procuraduría General de la República, cuyo titular lo nombra prácticamente el propio presidente y es a quien le debe el nombramiento.

El caso de Brasil cuya Constitución en la materia del “impeachment” o juicio político, es idéntica a la nuestra, hoy se comprueba que si no se denomina “revocación del mandato” tiene exactamente los mismos efectos, es decir, destituir al Presidente de su cargo a través de un juicio político, que se inicia en la Cámara de Diputados como jurado de acusación y concluye en la de Senadores como jurado de sentencia que, una vez emitida, adquiere el carácter de irrevocable. En México la Constitución es muy clara cuando señala en el artículo 111 lo siguiente: “por lo que toca al Presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

De aquí que lo único irrebatible es que resulta falso que el Presidente goce de impunidad absoluta, puesto que los delitos políticos en los que incurra trascienden en perjuicio de la nación, y, los daños generados son irreversibles. 

Lo anterior hace imposible admitir que en una república, el Presidente goce de más privilegios que un monarca, puesto que el principio republicano esencial es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El Presidente es un servidor público aunque tenga el más alto rango jerárquico porque también implica la elevada responsabilidad de ajustar sus actos estrictamente a lo que le ordena la Constitución y no a su capricho e interés personal o de camarilla. Es así que iniciado el juicio político, la única garantía que tiene un Presidente es la de cualquier ciudadano, la de ser oído en defensa y presentar las pruebas de descargo que estime necesarias pero, después, quedará sujeto al último veredicto de los representantes populares y de los estados de la federación, que conforman al Senado.

En el caso de Dilma Rousseff, los cargos como en nuestra Constitución son distintos a los ilícitos propiamente administrativos o penales en los que solo pueden incurrir el resto de los servidores públicos, porque el presidente no maneja directamente esas operaciones financieras que deben estar apegadas a la legislación secundaria. El presidente ordena, fija políticas de estado y dirige, todas las decisiones públicas, por lo que su responsabilidad es eminentemente política. En el muy cuestionable caso de la Presidenta brasileña, se le imputa haber admitido la presentación falsa o presuntamente maquillada sobre la situación de las finanzas del país, con fines de interés estrictamente partidistas.

El “impeachment” es un vocablo de origen inglés tiene precisamente la particularidad de que configura como delitos de orden político, aquellas conductas de los más altos mandos que puedan significar atentados al orden constitucional y a sus instituciones por parte de quienes, con mayor responsabilidad que ningún otro ciudadano, produzcan con sus acciones efectos dañinos de dimensión nacional. Así por ejemplo, en nuestra propia ley federal de responsabilidades, están clasificados como tales los siguientes.

Artículo 6°.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 7°.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: I.- El ataque a las instituciones democráticas; II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; III.- Las violaciones a los derechos humanos; IV.- El ataque a la libertad de sufragio; V.- La usurpación de atribuciones; VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

Es así que la ultima y absurda “puntada” de los legisladores panistas en torno a proponer una reforma a la Constitución que establezca la “revocación del mandato” del Presidente, cuando se lo soliciten igual número de votantes que lo respaldaron en la elección, es una “tomadura de pelo” o una muestra de supina ignorancia, puesto que la revocación del mandato, como ha quedado demostrado, está contenida, ahora mismo en nuestra Carta magna.

Escuela Superior de PNL



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