sábado, 13 de agosto de 2016

Argentinos prevén cancelación de fábrica de Monsanto

Vecinos de la ciudad argentina de Malvinas Argentinas (centro) que impidieron a Monsanto construir la mayor planta procesadora de semillas de maíz transgénico de América Latina, dijeron que hay indicios de que la corporación se retirará de la zona.
La gigante estadounidense de la biotecnología agrícola "ya no tiene consenso político ni respaldo judicial, por lo que tiene poco margen para moverse", dijo Gastón Mazzalay, integrante de la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Anunciado en 2012, el proyecto quedó paralizado desde el año siguiente por la resistencia del municipio de 12.000 habitantes ubicado en la central provincia de Córdoba.

Lucas Vacas, miembro de la Asamblea del Bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, señaló que dos personas que dijeron trabajar para la empresa Astori Estructuras, encargada de la construcción, acudieron al terreno hace unos días para "hacer una visión ocular" de las obras que quedaban, como paso previo a su desmantelamiento. 
La compañía Astori Estructuras no dio una respuesta ni quiso referir el nombre de su responsable.

Uno de los principales directivos de Monsanto América Latina, sin embargo, admitió al portal iProfesional que la construcción de la planta no seguiría adelante.
"Periodistas locales también nos comentan que Monsanto se va, pero que públicamente no lo dirán hasta dentro de un par de semanas", dijo Mazzalay.
Triunfos judiciales

Los activistas deducen que el gigante estadounidense dio por fracasado el proyecto a raíz de un dictamen judicial del 29 de julio que imputó a 15 funcionarios, incluido el antiguo alcalde de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la provincia, Luis Bocco.

En total, fueron acusados seis funcionarios provinciales y nueve municipales, entre ellos los siete miembros del Concejo Deliberante de Malvinas, por habilitar un proyecto industrial en un terreno solo apto para la agricultura.

En sintonía con una denuncia penal presentada por los asambleístas, la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba concluyó que los acusados eran responsables por haber autorizado ilegalmente la construcción de la planta.
"La normativa vigente los dejaba expuestos, porque el terreno estaba habilitado para la producción agropecuaria no contaminante, pero no para la industria", explicó Mazzalay.
La presión de los activistas de Malvinas contra Monsanto ocasionó la intervención de la justicia provincial en dos ocasiones más.

Tras montar un campamento de protesta que frenó la construcción en septiembre de 2013, los asambleístas presentaron una acción civil de amparo ante la justicia para que declarara inconstitucionales las autorizaciones que habían concedido la provincia y el municipio.

En enero de 2014 la justicia convino en que la empresa había incumplido la Ley de Ambiente, al pasarse por alto el procedimiento que establece la normativa, y le ordenó paralizar la obra.
"Ese mismo año, presentamos otra acción de amparo para que la empresa diera a conocer el estudio de impacto ambiental, cuyo acceso nos había vedado pese a estar obligada por la Ley Nacional de Acceso a Información Pública", añadió el representante de la Asamblea.
Después del cambio de autoridades locales de fines de 2013, los nuevos responsables de la Secretaría de Ambiente provincial rechazaron el estudio ambiental de Monsanto, y meses después la justicia obligó a la multinacional a entregar a los vecinos el expediente que requerían.

Cambio de viento


Solo el 20% de la población de Malvinas, aseguran los activistas, estaba a favor de la radicación de la empresa, frente a un 60 por ciento que se oponía.

Los grupos de vecinos solicitarán ahora a la alcaldesa Silvina Paola González que ratifique el cierre del proyecto a mediante un decreto, tal como hizo en marzo de 2014 el alcalde de otra ciudad cordobesa, Río Cuarto, con un centro de experimentación de semillas de soja y maíz que Monsanto pretendía instalar en ese municipio.

La oposición popular a los transgénicos de Monsanto es grande en Córdoba, una provincia con muchos pueblos afectados por las fumigaciones de glifosato sobre las plantaciones de soja transgénica.

En el caso de la fallida planta de semillas de Malvinas Argentinas, los vecinos aseguraban que el proceso de rociado químico y secado que se daría a las semillas desprendería partículas dañinas que llegarían con el viento hasta la zona poblada, que se encuentra a 700 metros de distancia.

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