jueves, 14 de julio de 2016

Monsanto viola disposiciones de SCJN y siembra soya transgénica; provoca muerte masiva de abejas y deforestación

La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada denunció, por tercera ocasión, la existencia de graves fallas durante el proceso ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015.

Los activistas también señalaron que varios agricultores, principalmente “menonitas”, han sembrado la semilla modificada a pesar que la segunda sala de la SCJN anuló el permiso concedido a la trasnacional Monsanto por la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para la producción y siembra de soya transgénica.

Durante la presentación del Reporte de Observación de la segunda fase de “Acuerdos Previos” en los municipios de Campeche, Hopelchén y Tenabo las organizaciones sociales puntualizaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en complicidad con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) han actuado de tal forma que generaron entre la población desconfianza, división social, un ambiente hostil y desprestigio al proceso.

Un ejemplo de lo anterior, cita el informe, es que “durante la sesión de Hopelchén, desde horas antes del inicio de la reunión, la sede del encuentro estaba ocupada por alrededor de cien agricultores y productores a favor de la siembra de soya genéticamente modificada, lo que impidió el acceso a representantes de la mayoría de las comunidades que debían ser consultadas (31) por falta de cupo, violentando así su derecho a la consulta.
“Ante estas circunstancias, las autoridades optaron por realizar dos reuniones en espacios paralelos a pesar de la solicitud de los representantes indígenas comunitarios, los representantes de Sagarpa y Cibiogem avalaron la reunión”.
En este sentido Rodrigo Llanes Salazar, presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán, integrante de la misión de observación expresó que “los simpatizantes a la siembra de soya genéticamente modificada, en su mayoría ajenos a las comunidades, presionaron a las autoridades a firmar un acta que permitiera la siembra de soya de manera inmediata, incluso amenazaron con cerrar las puertas e impedir la salida de las personas hasta lograr sus objetivos.
“En ese espacio también se expuso que había agricultores que ya estaban sembrando soya genéticamente modificada en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, que de comprobarse se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN”.
Por su parte María Colín, asesora legal de la organización internacional Greenpeace, otras acciones que inquietan a los activistas, “para nosotros es preocupante que algunos participantes a las asambleas se transportaron en camionetas de empresas distribuidoras de semillas y herbicidas ligadas a Monsanto, dejándolas estacionadas afuera del lugar y por ende violentando el principio de buena fe y consulta libre.
“Esta empresa tiene un claro interés económico en presionar la aprobación del proyecto y por tanto debe mantenerse completamente alejada del proceso de consulta. El rol que ha mostrado es inaceptable y es contrario a los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU”.
Aunque uno solo de los hechos que atestiguaron los miembros de la misión sería suficiente para considerar que la consulta ha sido manipula y que los principios mandatados por la sentencia de la SCJN fueron vulnerados por las dependencias responsables del proceso y por Monsanto, “los indígenas mayas de 31 comunidades y sus representantes están dispuestos a continuar el diálogo para ser tomados en cuenta y llegar a acuerdos ‘para el bien de todos’”, señaló Collín.

La abogada agregó que “en consecuencia, hacemos un llamado urgente a las autoridades a conducirse con pleno apego a los principios de buena fe, consulta libre e informada y culturalmente adecuada, establecidos por la SCJN y los instrumentos internacionales. El tribunal ordenó a las autoridades realizar una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas de Yucatán y Campeche, antes de dar una nueva autorización.

“Pero lo que entregaron fue una ‘Carpeta Básica de Información para Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Soya Tolerante al Herbicida’, eso entregaron, cuando se suponía que tenían que hablar sobre el derecho básico a la consulta, pero así es como la titularon. Además, la traducen supuestamente en lengua maya y al español, aunque los mayas no leen el maya como tal”.

En la visita a las comunidades estuvieron presentes el licenciado Marco Antonio Ramírez y la ingeniera Brenda Ordaz (Cibiogem), y Pedro Armentía (delegado de la CDI en Campeche). Del Pozo señaló que las dependencias están tratando de convencer a las comunidades indígenas de supuestos beneficios que tiene la soya transgénica.

Monsanto siembra sin permiso

Aunque el objetivo principal de la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya es atestiguar que ese proceso se realice conforme a derechos, durante su trabajo los activistas lograron documentar que en los últimos tres años, las comunidades mayas de Campeche y Yucatán -cuya principal actividad económica es la apicultura (producción de miel) han sido afectadas por la siembra ilegal de soya transgénica en su territorio la cual podría afectar a más de 21 mil 300 hectáreas.

A pesar de que la Suprema Corte suspendió el permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa Monsanto para sembrar –en seis estados del territorio nacional- 253 mil hectáreas de soya genéticamente modificada hasta que se consulte a las comunidades, María Colín, integrante de la Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya, acusó que en el Estado de Campeche persisten las siembras ilegales de este cultivo. “Las hectáreas de soya genéticamente modificadas que fueron sembradas en 2013 son 7 mil 168, en 2014 fueron 5 mil 583 y en 2015 fueron 8 mil 590 hectáreas. Son siembras ilegales porque la empresa Monsanto no tiene permiso para sembrar en Campeche”, dijo la también activista.

Entre las afectaciones que se tienen registradas está la muerte masiva de abejas debido al uso de fertilizantes para la soya transgénica, la deforestación de selvas y bosques, y el riesgo de perder presencia en el mercado europeo que les demanda el abasto de miel libre de transgénicos.

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