miércoles, 11 de mayo de 2016

Denuncias de explotación laboral en el agro argentino suspendidas desde la toma de poder de Macri

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios de Argentina (Renatea) dejó de remitir denuncias de explotación laboral desde que comenzó el Gobierno de Mauricio Macri, reveló este miércoles a Sputnik Nóvosti el fiscal Marcelo Colombo, jefe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
"Desde diciembre de 2015 no hemos recibido ninguna denuncia proveniente del Renatea", dijo Colombo.
Al asumir el Gobierno de Macri en diciembre de 2015, fueron reemplazadas las autoridades del Renatea, y como desde entonces el Registro no ha formulado una sola denuncia de explotación laboral, la Protex pidió hace varios días una entrevista con sus directivos, sin respuesta todavía.

El Renatea se creó en 2012 para reemplazar al desprestigiado Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, un ente público que acabó controlado por los grandes gremios de empresarios rurales a través de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que lidera Gerónimo "Momo" Venegas.

Este fue uno de los pocos sindicalistas argentinos en mostrar públicamente su apoyo a Macri durante la campaña electoral, y a partir de diciembre de 2015 pasó a conducir la gestión del Renatea a través de la Uatre.

Mercados sensibles

La Protex, dependiente del Ministerio Público y Fiscal, se creó en 2013 para asistir a las fiscalías en las causas sobre secuestro extorsivo, trata de personas y explotación laboral y comenzó a recibir denuncias de estos delitos en el agro gracias al Renatea, organismo autárquico estatal dedicado a registrar a los trabajadores rurales, otorgar seguros por desempleo y sepelio, y garantizar prestaciones médico-asistenciales.

El Renatea y el Ministerio Público y Fiscal firmaron un convenio en 2014 para coordinar el trabajo de ambas instituciones, "lo que permitió que muchos casos sobre trata con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre fueran iniciados por la actuación de los fiscales del Registro", destacó.

Entre 2014 y 2015 hubo un crecimiento exponencial de las denuncias sobre casos rurales, añadió el fiscal.
"Empezamos a tener un muy buen vínculo, capacitamos a sus inspectores de trabajo (que tienen poder de policía para fiscalizar las actividades rurales), y nos derivaban casos de trabajo esclavo", contó Colombo.
Cuando el Renatea quería programar una inspección en algún campo del interior del país, la Protex alertaba al fiscal federal de turno para que estuviera al tanto.

Fue un buen método de trabajo, resaltó Colombo, "porque muchas veces los fiscales se acercaban a los lugares de inspección y se interiorizaban de la situación".

El fiscal observó que "la necesidad de inspectores para detectar puestos de trabajo forzado es una recomendación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)".

La Protex traslada las recomendaciones de la OIT a los llamados mercados sensibles para este tipo de delitos: el sector agropecuario y las industrias textil y de la construcción.

Pero con los cambios en el Renatea, esta fiscalía especializada se quedó sin interlocutor en el mundo agrario.

Denuncias de trata

La Protex recibe denuncias por un número telefónico gratuito del Ministerio de Justicia, el 145, y también mediante agencias públicas, organizaciones no gubernamentales y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tiene competencias para fiscalizar y cuya intervención ha derivado en procesos penales.

Pero sin una institución que inspeccione las haciendas y otros predios productivos de Argentina y remita cuando corresponda denuncias a la Protex, "vamos a quedarnos sin conocer lo que sucede tranquera para adentro", aseveró Colombo.

Esta es la situación que existía antes de la creación de Renatea, cuando los pocos casos de explotación laboral conocidos partían de denuncias de la AFIP "o de una víctima que había escapado del circuito", añadió el fiscal.

La mayoría de los trabajadores rurales argentinos ignoran a dónde acudir para denunciar explotación laboral, trata de personas y explotación infantil, los delitos más recurrentes en el campo.

En los últimos tres años, el Renatea fiscalizó 1.780 establecimientos en los que trabajaban 31.500 empleados rurales; registró a más de 154.000 trabajadores y a 11.700 empleadores y realizó más de 1.000 denuncias de trata, explotación laboral o infantil, según datos del propio Registro.

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