lunes, 25 de abril de 2016

Monsanto forzará pago de canon a productores argentinos

La corporación Monsanto enfrenta una resolución del Gobierno argentino que le prohíbe fiscalizar semillas en los puertos sin su autorización, aunque la administración de Mauricio Macri no se opone a que la empresa cobre un canon sobre las cargas de soja, explicó el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro.
"Monsanto pretende cobrarles a los productores rurales un canon sobre el grano, cosa que va en contra de la legislación argentina", señaló Cabaleiro, de la organización no gubernamental Naturaleza de Derechos.
La compañía, que vende semillas genéticamente modificadas (transgénicas), consiguió que las principales empresas exportadoras de granos le permitiera controlar cada camión de soja que ingrese a los puertos argentinos, pese a la resolución 140 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigor este viernes para frenar los sistemas de control.
"La ley argentina establece que lo único que pueden percibir es el cobro de un arancel sobre la semilla", aclaró el abogado.
Pese a la normativa, Monsanto avanzó en la confección de contratos que establecen un canon del cuatro por ciento sobre el grano, y que obliga a los productores a firmar una cláusula por la que aceptan que se realice un test sobre sus cargas de soja a fin de determinar si contienen la tecnología transgénica de la empresa.

El abogado considera que esos "contratos son ilegales", mientras la multinacional alega que la nueva tecnología está protegida por la ley de patentes.

Plantas transgénicas

Monsanto también pretende obtener en patentes de variedades transgénicas de vegetales en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que en 1996 le denegó esa posibilidad.

La multinacional apeló la resolución, y la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó esta semana la demanda en segunda instancia, al puntualizar que "las plantas y las semillas no son objeto de patentamiento".
"El tribunal fue más allá, dejando en claro que Monsanto no se puede apropiar de una planta, que puede llegar a tener hasta 35.000 genes, por solo modificar uno", resaltó Cabaleiro.
El abogado acusa al Estado argentino, no obstante, de tener "una mirada complaciente, porque las autoridades anteriores aprobaron (la introducción de) todas las semillas transgénicas, así como la regulación sobre la evaluación de los transgénicos en Argentina".

Naturaleza de Derechos denuncia que la ausencia de los controles debidos "ha permitido la proliferación de semillas transgénicas, omitiendo información esencial que si se tuviera en cuenta podría impedir su comercialización".

Según esta y otras organizaciones ecologistas, no solo la semilla transgénica entraña riesgo, sino también los agrotóxicos que las acompañan, y cuyo monopolio detentan corporaciones como Monsanto.

Argentina empleaba entre 20 y 30 millones de litros anuales de herbicidas por año en la década de 1990, y pasó a 350 millones de litros en 2013, último año monitoreado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que reúne a las empresas comercializadoras de estos productos.

Monsanto, que desarrolla variedades transgénicas de semillas, vende su tecnología a los productores y tiene en la actualidad 80 por ciento del mercado mundial de las plantas transgénicas.

Sus "paquetes tecnológicos" incluyen la semilla y el herbicida al que esta es resistente, como ocurre con la soja y el glifosato.

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