miércoles, 13 de abril de 2016

El cura suspendido por denunciar a un sacerdote pederasta

Hace siete meses, Apolonio Merino Hernández, quien se desempeñaba como párroco en Santa María Yolotepec, Oaxaca, fue suspendido de su ejercicio sacerdotal acusado de violación, lo único que le dijeron al despedirlo fue que una señora y su hija habían denunciado la agresión; sin embargo, la jerarquía católica le negó el derecho de audiencia, de defenderse y de un día para otro, se quedó sin nada. Curiosamente, no hay indicios de la “víctima” y tampoco una denuncia formal ante la autoridad judicial.

La decisión de retirarlo de su encargo la tomó el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, el mismo que, meses antes, había escuchado de los labios de Merino acusaciones en contra de Gerardo Silvestre Hernández, otro cura, por haber violado al menos a un centenar de niños y adolescentes de diversas comunidades. Silvestre permanece detenido desde 2013 y a Merino, incluso lo han amenazado de muerte.

Apolonio Merino exigió que Chávez Botello –a quien calificó de encubridor- sea llamado a declarar por las autoridades competentes y que, de comprobarse que antes de hablar con él ya sabía de los abusos de Silvestre y sin que hiciera nada, sea sancionado como cómplice de las violaciones.
“Estamos ante un caso grave, hablamos de una gran cantidad de niños, no son pocos; pido que a mí se me restituya el grado sacerdotal, no se me aplicó un debido proceso, ni canónico ni judicial; me destituyeron de facto nada más porque lo que denuncié era motivo de escándalo y por acompañar y escuchar a las víctimas y a sus familias. Yo no tuve derecho a réplica, se violentó mi derecho a la presunción de inocencia, no hubo nada. Hay una serie de arbitrariedades”, detalló.
Merino Hernández agregó que tan solo en la comunidad de Santiago Camotlán, Silvestre Hernández abusó sexualmente de al menos 45 niños. De ese total, él escuchó testimonios directos de cuatro menores; también documentó casos similares en la comunidad de San Ildefonso Villa Alta, luego de que Chávez Botello enviara al probable agresor sexual a esa comunidad, a Santa María y a San Juan Bautista Metepec.

El párroco –que permanece suspendido desde el siete de agosto, cuando se le notificó la decisión- explicó que no fue el único en ser sancionado luego de hacer la denuncia contra Silvestre, otros nueve clérigos de unieron a la denuncia, pero al menos dos de ellos también fueron suspendidos: Ángel Noguera Nieto y Leoncio Hernández; actualmente, Manuel Arias Montes es perseguido.

Merino acusó al arzobispo de haber enviado, hace algunos meses, a un grupo de personas que con lujo de violencia, pretendían destituir a Arias como párroco de la iglesia de La Inmaculada de Juquilita, ubicada en el fraccionamiento Flores Magón, en Oaxaca de Juárez y agregó que Chávez mantiene “estrategias” como persecución y amedrentación en contra de quienes se atreven a denunciar los casos de pederastia.

“En concreto, ¿qué hay en Oaxaca?: un sacerdote pederasta; un arzobispo que, con todo el mecanismo de represión, encubrimiento y protección al sacerdote señalado, lo ha protegido. Hay también complicidad de autoridades civiles; es sorprendente que ya casi a dos años de la detención de ese sacerdote, no hay sentencia. Yo diría que es una matanza de niños, una masacre. El obispo en vez de escuchar a sus víctimas ha emprendido una operación de represión”

Tipificación

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revelan que de 2000 al 2012, conoció de 112 quejas por agresiones sexuales y menores; sin embargo, apenas emitió seis recomendaciones. Lo preocupante es que tan solo en un año –de 2013 a 2014- las quejas fueron 82, por lo que se generaron 12 recomendaciones.

El Comité de Derechos de la Niñez de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe de 2015, señala que en México existen cientos de casos de pederastia, la gran mayoría no denunciados; sobre los que sí lo fueron, persiste la impunidad.

El mismo documento sostiene que la pederastia de ministros de culto religioso es un problema que persiste en nuestro país, por lo que recomendó al Estado mexicano que investigue y lleve a juicio a los miembros de la Iglesia Católica-Romana y otras confesiones religiosas, que han estado involucradas o han sido cómplices de abusos o explotación sexual contra niñas y niños.

El Comité de Derechos de la Niñez de la ONU pidió al Estado mexicano que en su próximo informe –que es bianual- reporte información detallada sobre condenas y sentencias pronunciadas sobre el tema.

El diputado Rafael Hernández Soriano presentó dos iniciativas relacionadas con el problema: la primera, para que en el Código Penal Federal se equipare el encubrimiento de los delincuentes con el del agresor sexual y la segunda, para que la Ley General del Servicio Profesional Docente especifique que a aquellos profesores que han sido encontrados responsables o sentenciados por violencia sexual, se les prohíba tener contacto o cercanía con menores.

“La pederastia se presenta en los centros religiosos, pero también en los centros educativos, en los de asistencia como Casitas del Sur o el albergue conocido como Mamá Rosa; desde luego, las niñas y los niños tampoco están exentos de abuso sexual en centros deportivos, scout y clubes”, dijo el legislador y recordó que en su mayoría, los delincuentes sexuales aprovechan su influencia moral, dentro de la familia o su poder económico para agredir a los menores.

Las iniciativas presentadas por el también secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez recibieron el respaldo de personas como: Alberto Athié Gallo y José Barba, víctimas, exsacerdotes, activistas y denunciantes de pederastia clerical; Joaquín Aguilar Méndez, director de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes en México (SNAP por sus siglas en inglés) y víctima de abuso sexual del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera; Jesús Romero, víctima de abuso sexual del exsacerdote Carlos López, de la Delegación Tlalpan; Luis Salas, representante legal de víctimas e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y José Martín Fernando Paz Mora, representante legal y coadyuvante de víctimas de pederastia clerical en San Luis Potosí.

Athié sostuvo que en México la Iglesia Católica y sus jerarquías “se manifiestan totalmente indiferentes, con un desprecio y un encubrimiento sistemático hacia los sacerdotes depredadores de niños en muchas partes; frente a autoridades que son cómplices por la forma negligente que mantienen en dilación continua hasta llevar a la prescripción de los casos”.

Recordó que en la reciente visita del Papa Francisco a territorio mexicano, no se atrevió a decir una sola palabra sobre el particular, ni a generar un espacio de encuentro con las víctimas mexicanas para reconocer la grave responsabilidad; sin embargo, ya en el avión que lo llevó de regreso al Vaticano, invitó a los obispos relacionado con el encubrimiento de los casos, a que presentaran su renuncia.

Clixsense





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