jueves, 17 de marzo de 2016

Auditoría Superior de la Federación: Barriles sin fondo

No rinden cuentas ni tampoco transparentan el uso de los recursos que reciben. Las universidades públicas están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación por las irregularidades detectadas en sus cuentas.

Casi la mitad de las universidades públicas en México operan con números rojos. No hay dinero que les alcance. Se han convertido en “barriles sin fondo” de los recursos públicos federales.

Prueba de ello es que al menos 15 de las 34 universidades públicas estatales que operan en el país reciben fondos extraordinarios para el “saneamiento financiero” que les permita seguir en operación.

De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), solo en el 2015, la federación aportó recursos adicionales por más de 2 mil 146 millones de pesos, para solventar deficiencias presupuestarias de las universidades estatales de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guerrero, Hidalgo, Guadalajara, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

Esa cantidad es casi similar al presupuesto regular otorgado por el Gobierno Federal, que en el 2014 fue de 2 mil 236 millones 853 mil 200 pesos para las 34 Universidades Públicas Estatales, 9 Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, 3 Universidades Interculturales, 18 Universidades Politécnicas y 62 Universidades Tecnológicas.

Para las universidades rescatadas financieramente -no fue suficiente el monto inicial asignado que osciló entre los 2 mil 650 millones y los 5 mil 900 millones de pesos- la mayoría de esos fondos salieron de los propios gobiernos estatales y se destinaron íntegramente al pago de nóminas, contratación de servicios o ejecución de obras que no se clarificaron en los informes entregados a la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 
La opacidad con la que se manejan las instituciones públicas de educación superior en nuestro país, también salta a la vista en el informe de revisión de la cuenta pública del 2014, elaborado por la ASF, en donde se hacen serios señalamientos de malos manejos financieros a las principales universidades.

Pero no solo es la opacidad en el manejo de los fondos económicos asignados lo que levanta las sospechas de corrupción al interior de la mayoría de las universidades públicas del país.

Falta transparencia

De acuerdo a la ASF, tras la revisión de la cuenta de gastos del 2014, la mayoría de las universidades públicas que recibieron de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los subsidios económicos para que se conservara la acreditación de sus programas educativos de calidad, fueron sancionadas con observaciones.

La totalidad de esas observaciones tiene que ver con la falta de transparencia en el manejo de los fondos federales.

Si bien es cierto que la mayoría de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador en torno a la falta de claridad en el manejo del dinero federal fueron subsanadas al momento de las auditorias, al término de la revisión de los recursos económicos se hicieron seis observaciones graves que generaron igual número de “recomendaciones al desempeño”.

Con los fondos otorgados por la federación, en el 2014 las universidades públicas del país estuvieron en condiciones de incluir a 991 mil 891 alumnos en 2 mil 433 programas educativos acreditados como de calidad, alumnos que en su mayoría no cumplieron con el tiempo oficial de clases marcado en el calendario oficial de actividades de la SEP, a causa de los paros laborales en casi la mitad de las universidades públicas.

Con presupuestos “parchados”, recortes en los planes de estudio, amagos constantes de huelgas y paros laborales por los sindicatos universitarios, durante el 2014, según reporta la ASF, la SEP aprobó mil 895 de los 2 mil 100 proyectos educativos presentados por las Instituciones de Educación Superior para formar nuevos profesionistas. 


Más escuelas, más opacidad

La alta demanda de alumnos que aspiran ingresar a las universidades públicas ha llevado a la federación a invertir más en la infraestructura de servicios educativos, lo que ha desencadenado una mayor opacidad en el manejo de los recursos aportados.

En 1995 en todo México se contabilizaban 2 mil 700 escuelas universitarias, infraestructura que creció en 49.5 por ciento para el 2000, cuando el censo de la Secretaría de Educación Pública ubicó un total de 4 mil 100 escuelas de formación superior, pero los montos de inversión destinadas a cada universidad nunca fueron claramente especificados en su ejecución.

A pesar de los montos invertidos en infraestructura de las universidades públicas, México no ha pasado de ocupar el penúltimo lugar de cobertura académica de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), dando cabida hasta el 2014 por cada ciclo escolar a solo 831 mil 500 alumnos del millón 436 mil 100 que demandaron un espacio en la universidades públicas.

Para mejorar los espacios de clases, en el 2014 el gobierno federal hizo una aportación de mil 010 millones 819 mil 700 pesos, con lo que se mejoraron espacios educativos en 57 universidades, pero solo en 12 universidades se aplicaron de manera correcta y total los fondos otorgados. En 45 universidades, entre ellas la de Michoacán, Veracruz, Morelos y Zacatecas, no hubo explicación correcta de los recursos.

La misma ASF, en su informe de la cuenta pública del 2014, reconoce que “desconoce la dimensión del problema público, que se pretende atender con los subsidios del programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior”, en donde 35 universidades ni siquiera concluyeron sus proyectos de obras.

Pero la falta de claridad en los proyectos de mejoras a la infraestructura de las universidades no solo es atribuible a las rectorías de esas escuelas públicas, sino también a la SEP.

https://secure.payza.com/?8s6WKp099Lw1t80ccXaUdkgm4AnRWIqbumvo0aZIXQY%3d





Reporte Indigo

No hay comentarios:

Publicar un comentario