viernes, 18 de diciembre de 2015

Minera El Parián pone en peligro mortal a población cercana, vierte en río Sonora cianuro, mercurio y arsénico

Revolución Tres Punto Cero

El río Sonora ha padecido los peores embates ambientales en los últimos años, el derrame de tóxicos de Buena Vista del cobre causó graves estragos, no solamente a las aguas, sino a la población que vive en comunidades vecinas, sin que esto fuera un factor importante para su preservación.

La más reciente afectación al río proviene de una mina de oro, que no solamente ha causado devastación de flora, despojo y contaminación en sus aguas, sino que la empresa “El Parián”, que extrae 30 kilos de oro cada 5 meses, al usar cianuro mercurio y arsénico, los excedentes van en dirección al afluente de Guadalupe, que desembocan en las aguas del Río Sonora.

Esto hace que los ejidatarios padezcan graves enfermedades, daños a sus tierras, al agua y a sus animales. La Comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Bacuachí, desde 2009 libra una batalla contra la empresa, autoridades locales y gobierno estatal omiso.

Francisco Javier Cañizares, apoderado legal de los pobladores asegura  que desde 2009 el ex presidente municipal, de nombre Arturo Martínez Barrios, solicitó la concesión minera de 500 hectáreas, para después constituir una asociación civil llamada “El Parián”, pero que en su mayor parte está integrada por inversionistas norteamericanos.

Pese a que los ejidatarios mantienen en su poder un Decreto Presidencia, realizado el 24 de febrero de 1976 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se les da poder, han devastado las tierras, aún sin contar con el permiso de uso de suelo, de compensación ambiental y mucho menos con el consentimiento de la comunidad.

El activista rural Mariano López, asegura que aún cuando la población ha interpuesto en innumerables ocasiones ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa) y otras dependencias de todos los niveles de Gobierno, distintas denuncias donde además se pide ayuda para que se detenga este grave daño, nunca ha habido respuesta alguna.
“Como siempre el rico es el que importa, la empresa minera y las ganancias que ésta genera son los importantes para las autoridades, aunque los ejidatarios han demostrado los daños irreversibles al río, a los ejidatarios, a las tierras, a la flora, y a la fauna, en definitiva es un peligro mortal, de cientos de seres humanos”, afirma López.
Las más recientes acciones de los ejidatarios han sido el bloqueo del paso a los trabajadores mineros, ante la nula respuesta a sus demandas y denuncias, esto principalmente porque las autoridades le han dado “carpetazo” al expediente.
“Es una burla que empresa y autoridades le hacen a los ejidatarios, hablamos entonces de un país sin ley, donde si el bueno muere, es mejor porque así deja de luchar, vivimos en un México donde existe el conflicto de intereses como actividad favorita de los políticos y hasta pareciera que lícita.

Lo menciono porque para nadie es un secreto que uno de los hermanos del ex gobernador Guillermo Padrés, es quien le compra el oro a la empresa minera y a su vez otro familiar, de nombre Raúl Domínguez Banda, pertenece a la Unión de Gambusinos, un grupo que también tiene poder dentro de la minera”, afirma López.
Agrega que dicha minera, como todas aquellas en la entidad, han “irrumpido sin tocar la puerta”, la gran problemática es que “muchos pobladores han comenzado a tener graves síntomas de enfermedades generadas por el daño de las aguas, no todos lo saben, la salud pública en el país también es selectiva, así que con gran tristeza muchos morirán, suena terrible, pero solamente para los que tenemos conciencia social, hablamos de autoridades que basan sus vidas en el poder y el dinero, sobre la muerte de la gente humilde”.

A su vez campesinos de la comunidad de Bacoachi se han unido a la denuncia de las operaciones irregulares de la mina “El Parian”, quienes han indicado que son 50 familias las que se ven directamente afectadas por este problema ambiental.

Se asegura que aun cuando, después de las denuncias ante PROFEPA y CONAGUA, se han hecho varias inspecciones por parte de autoridades judiciales, que han desembocado al final en represalias, que incluyen la destrucción de 3 kilómetros de árboles, y aunque han demostrado que no cumplen con los requisitos de impacto ambiental, la problemática parece seguir siendo ‘desconocida’ para las dependencias.

“Una prueba más del desprecio al pueblo y servilismo hacia los norteamericanos ha sido que cuando han habido manifestaciones, la fuerza pública no se ha hecho esperar, siempre de lado de quien aniquila las tierras, pero les otorga dinero, la violencia y las amenazas a quienes luchamos en contra de las mineras a nivel nacional, han sido en el último sexenio más constantes, demostrando que tenemos un gobierno federal vendido a Norteamérica y a su poder”, comenta López.




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