martes, 10 de noviembre de 2015

Perú abre registro de víctimas de esterilizaciones forzadas

El Gobierno de Perú dispuso el viernes la creación del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas practicadas entre 1995 y 2001, durante la segunda presidencia de Alberto Fujimori, con el fin de brindarles atención prioritaria, según un decreto publicado en el diario oficial.

El decreto promulgado por el Poder Ejecutivo indica que el objetivo es "promover el acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral" y declara de interés nacional la atención prioritaria a estas víctimas.

Bajo el mandato de Fujimori (1990-2000) se implantó un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado la esterilización de "más de 270.000 mujeres", principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y en su mayoría indígenas, "y de 20.000 hombres", indicó la presidenta de la ONG Demus, María Ysabel Cedano.

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"El primer paso es la construcción de un padrón que nos permita tener claro cuántas personas fueron esterilizadas contra su voluntad y a través de engaños, incluso cuántas perdieron la vida producto de esta práctica", dijo el viernes el presidente Ollanta Humala en declaraciones recogidas por la prensa peruana.

De esta manera, el Estado cumple con un requerimiento del acuerdo de solución amistosa que suscribió en 2003 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza, campesina que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada, y en el que comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas.

En 2004 comenzó una investigación que se prolongó durante casi 10 años. La Fiscalía presentó cargos contra el personal médico responsable de la esterilización de Mestanza, pero no contra las autoridades gubernamentales del Programa Nacional de Planificación Familiar, librando así de responsabilidad tanto a Fujimori como a sus exministros de Salud.

La investigación sigue su curso y debe culminar en febrero de 2016.

Organizaciones como Demus consideran que Fujimori y sus funcionarios son culpables de crímenes de lesa humanidad "porque hay medidas que así lo prueban".



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