martes, 6 de octubre de 2015

La privatización del agua se convierte en una práctica habitual en Quintana Roo, México

RT - Realidades Quintana Roo

El problema de la privatización del agua se ha convertido en algo común en México. En particular, se trata de uno de los estados más importantes del país, Quintana Roo, un lugar muy popular entre los turistas.

Los activistas opinan que detrás del proceso privatizador hay un interés de las empresas privadas y el apoyo de las autoridades locales.

La situación en Quintana Roo podría parecer un síntoma de un esquema privatizador tendiente a ser replicado en todo el país.
 

CORRUPCIÓN EN LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA POTABLE
En sesión secreta, Solidaridad entregó servicio de agua potable y alcantarillado a empresa hasta el 2053; al igual que en Cancún, en Isla Mujeres que renovaron la concesión de forma adelantada. La Legislatura del Estado le hizo el “milagrito” a Aguakán.

Tras privatizar el servicio de agua potable en en los tres Municipios a favor de Aguakán, el Gobernador Roberto Borge usará a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para obtener uno o varios créditos bancarios por un total de 980 millones de pesos que mantendrán endeudado a este organismo durante los próximos 15 años.


Sin licitación pública, en una operación por demás irregular, el Gobierno de Quintana Roo que preside Roberto Borge Angulo, a través del Ayuntamiento de Solidaridad que encabeza Mauricio Góngora, entregó a la empresa Aguakán la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en este municipio hasta el año 2053, en una sesión que, al igual que en Benito Juárez e Isla Mujeres, se realizó a puerta cerrada, en secreto, a espaldas a la ciudadanía y sin explicación alguna.

Ayer, en Cancún, y también en Isla Mujeres, según se confirmó hoy, se realizaron sendas sesiones privadas de Cabildo para renovar de manera anticipada la concesión de Aguakán en estos dos municipios de la zona norte, donde la empresa operaba desde el año 1993, en el caso de Benito Juárez, y desde 1994, en el caso de Isla Mujeres.

Se confirmó que por primera vez en su historial, el municipio de Solidaridad también le fue entregado a Aguakán, con lo que Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), un organismo del Gobierno del Estado, dejará de prestar este servicio que ahora estará en manos de la iniciativa privada mediante esta polémica licitación. 


Tras las aprobaciones de Cabildo en estos tres municipios por la vía del ‘fast track’, el Congreso de Quintana Roo apruebó el acuerdo para que Aguakán tome el control de Solidaridad y continúe operando en Cancún e Isla Mujeres hasta el año 2053.

La aprobación del acuerdo para entregar la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado en Solidaridad se realizó aparentemente en la noche del lunes pasado, en una sesión privada en la que no se sabe qué regidores participaron y si todos votaron a favor, ya que el asunto no fue ventilado a la ciudadanía y sólo se precabildeó de manera apresuarada.

Mauricio Góngora, el Alcalde que durante esta administración se ha destacado por su falta de trasnparencia, se encargó de reunir ayer a los regidores para presentarles la propuesta con la orden del Gobernador Roberto Borge de aprobarla ese mismo día. Después de un debate interno entre los pros y los contras, el acuerdo se impuso y fue votado por mayoría.

La ciudadanía de Solidaridad nunca fue consultada sobre la entrada de Aguakán a la Riviera Maya, como tampoco fue informado el pueblo de Cancún e Isla Mujeres sobre la renovación de la licitación por 39 años más a esta empresa que ha sido cuestionada por deficiencias en el servicio y altos costos.

Por su parte la Legislatura del Estado aprobó la oscura concesión en 3 municipios y venta de activos y mega deuda por 980 mdp para CAPA

En una sesión maratónica que empezó el jueves y que se prolongó hasta la madrugada del viernes cuando se realizó el ‘milagro guadalupano’, y que metafórica y literalmente pasó de noche, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ventajosa y opaca concesión del servicio de agua potable en favor de la empresa Aguakán en tres municipios -Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad- que durará hasta el año 2053, así como la venta de activos y endeudamiento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que mantendrán a este organismo lastrado durante los próximos 15 años.

El diputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio fue de los pocos que subió a tribuna para argumentar contra las concesiones entregadas a Aguakán. Su voto, por supuesto, fue en contra de la concesión.

Durante la sesión, en la que se ventilaron más de 40 puntos y se aprobaron decenas de cuentas públicas e iniciativas sobre los más diversos temas, los diputados avalaron ya en la madrugada la concesión del servicio de agua potable en el municipio de Solidaridad a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., de la cual Aguakán es una filial, para los próximos 39 años, así como la prórroga anticipada del mismo servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, donde esta empresa opera desde el año 1993.

La concesión dada a Aguakán para Cancún e Isla Mujeres vencía en el año 2023, pero el pasado lunes, en sendas sesiones de Cabildo realizada de forma secreta, a espaldas del pueblo, estos ayuntamientos autorizaron la prórroga ya mencionada. Ese mismo día, el municipio de Solidaridad que preside Mauricio Góngora avaló la entrega de la concesión a Aguakán hasta el año 2053 en una sesión de la que tampoco se informó y que se pretendió ocultar a la opinión pública, como ha sido característico en este Ayuntamiento cuando se trata de temas relevantes para la sociedad.

En el Congreso este asunto fue ‘planchado’ con la mayoría del PRI, el PVEM y sus aliados en otros partidos, con lo cual se consumó un verdadero albazo legislativo del que seguirá hablando durante los próximos 40 años.

Pero además, tras la capitulación de CAPA en Solidaridad, los diputados aprobaron una iniciativa de decreto enviada por el Gobernador Roberto Borge para que este organismo pueda contraer uno o varios créditos (o en su defecto emitir certificados bursátiles) por hasta 980 millones de pesos, dejando como garantía el cien por ciento de los ingresos de los próximos 15 años derivados de la contraprestación por la prórroga anticipada y ampliación de la concesión en favor de Aguakán.

Ya en la madrugada, el Congreso también autorizó a la CAPA la venta del inmueble ubicado en la esquina de la Avenida 10 con Calle 6, donde durante muchos años se ubicaron las oficinas de esta dependencia estatal.

La venta de este inmueble no es cosa menor, por lo contrario, se trata de un codiciado filón porque es un predio de mil 206 metros cuadrados ubicado en el corazón de la zona turística de Playa del Carmen, a unos pasos de la popular Quinta Avenida, y cuyo valor comercial podría oscilar entre los 2 y los 4 millones de dólares. 


BORGE LE HINCA EL DIENTE A CAPA

Tras privatizar el servicio de agua potable en el municipio de Solidaridad a favor de Aguakán, y prorrogar la concesión del servicio que esta misma empresa presta desde 1993 en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres hasta el año 2053, el próximo paso del Gobernador Roberto Borge es usar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para obtener uno o varios créditos bancarios por un total de 980 millones de pesos que mantendrán endeudado a este organismo durante los próximos 15 años.

De acuerdo con la iniciativa de decreto que el Gobernador envió al Congreso de Quintana Roo, los 980 millones de pesos serán “destinados a inversión pública productiva” y tendrán como fuente de garantía de pago el cien por ciento de “los ingresos derivados de la contraprestación por prórroga de concesión otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V.”, la empresa de la que Aguakán es filial, para lo cual se habrá de constituir un fideicomiso que garantice esta operación financiera.

La contratación de esta nueva deuda, que podrá ser mediante la contratación de uno o varios créditos o mediante la emisión de certificados bursátiles, se realizará sin la participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, se precisa.

Pero además, “el Contrato de Fideicomiso que se celebre con base en el presente Decreto no será considerado en ningún caso, parte de la administración pública paraestatal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo”.

Además de la iniciativa para endeudar a CAPA por 980 millones de pesos, el Gobernador Roberto Borge también ingresó una iniciativa adicional al Congreso para que le autoricen la venta del edificio que durante muchos años albergaron las oficinas de leste organismo en Playa del Carmen, el cual se encuentra ubicado en la esquina de la Avenida 10 con Calle 6 Norte, en plena zona turística, a unos pasos de la popular Quinta Avenida.

Este predio tiene un área de poco más de mil 200 metros cuadrados y su valor comercial oscilaría entre los 2 millones y los 4 millons de dólares, de acuerdo con especialistas inmobiliaros consultados.

Un informe de la Auditoría Superior del Estado, confirmó que durante el 2013, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) obtuvo ingresos por 732 millones 462 mil 790 pesos, pero sus egresos ascendierona 747 mil 979 mil 809 pesos, es decir, terminó con un déficit de 15 millones 517 mil 18 pesos.

En este punto hay que destacar que desde el año 2012 CAPA arrastra una deuda interna de 70 millones 372 mil 11o pesos y de 44 millones 759 mil 793 pesos con acreedores diversos, la cual se incrementó para el 2013 a 122 millones 699 mil pesos y 79 millones 20 mil pesos, respectivamente.

Paradójicamente, el 3 de diciembre del 2103, en el decreto número 64, el Congreso, con votos del PRI y el PVEM (PAN y PRD votaron en contra), se autorizó el alza a las tarifas del agua, pero el desfonde de CAPA no se ha frenado.



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